jueves, 29 de marzo de 2012

ASÍ PINTA ESPAÑA TRAS LAS ELECCIONES ANDALUZAS

Después de tres meses de gobierno que les han bastado para aplicar reformas que suponen retrocesos sociales de tres décadas, empiezan a pintar bastos, y en esta ocasión no sólo para el ciudadano de a pie.

Muy interesante el siguiente artículo que merece una lectura sosegada y atenta.

La hoja de ruta de Rajoy descarrila

El fracaso en las andaluzas cambia los equilibrios de poder.
Bruselas traslada cada vez con más claridad su inquietud.
Preocupa la deriva soberanista de Artur Mas.

Carlos E. Cué / Claudi Pérez; 27 MAR 2012; El País.com

A pesar del caos y el sobresalto diario de un país en recesión, todo cuadraba cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno. La estrategia estaba bastante clara. Primero, empezar con reformas cosméticas, y dejar para después de las elecciones andaluzas el grueso de los recortes. Andalucía fue siempre la clave de bóveda de Rajoy, la comunidad que abría el paso al poder total y al hundimiento definitivo del PSOE. Todo se condicionaba a las andaluzas, en una estrategia muy evidente diseñada por Rajoy con su principal asesor político, Pedro Arriola, y Javier Arenas, ambos andaluces.

Las cosas empezaron a torcerse pronto. Las presiones de Europa y los malos datos del déficit impidieron retrasar algunas decisiones clave: la subida de impuestos y la reforma laboral, a la que Arenas tanto temía. Hubo que acelerarlas para ganar tiempo con Bruselas y Angela Merkel. Eso sí, Rajoy resistió el embate de Europa y sí dejó los Presupuestos y los recortes en las autonomías, lo más duro, para después de las andaluzas.

Todo cuadraba. La victoria en Andalucía serviría para legitimar la política dura y sobre todo lanzaría un mensaje clarísimo a Europa: Rajoy controla toda España, tiene todo el poder y además el apoyo de la gente.

Tanto el presidente como Arenas y casi todo el partido estaban seguros de que ese triunfo estaba hecho. El chasco ha sido monumental. Los ministros, barones autonómicos y dirigentes clave del PP se recuperan poco a poco del golpe anímico y empiezan a analizar la situación. Con diversos matices, casi todos los consultados coinciden en una cosa: el panorama ha cambiado radicalmente. Gobernar en Andalucía era clave en la hoja de ruta. Ahora habrá que readaptarla.

La posibilidad de tener un Gobierno hostil en Andalucía, gobernado por un pacto con IU que obligará además al PSOE a escorarse a la izquierda, preocupa mucho en La Moncloa. No solo por la batalla política y el desgaste constante que eso significa. También por la imagen de Rajoy en Europa.

El PSOE, necesariamente, trasladará su oposición a Andalucía como antes el PP hacía oposición a Zapatero desde la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Ya se vio en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera: Andalucía fue la única que votó en contra del recorte de 15.000 millones a las autonomías.

El desgaste puede ser muy fuerte. Si el Gobierno promueve fórmulas indirectas de copago, o cambios en Educación, o en Dependencia, Andalucía puede optar por otra vía y mostrar así una alternativa que deteriore aún más la imagen del Ejecutivo.

Andalucía no es cualquier comunidad. Es la más poblada de España, la que tiene más parados y una de las más dependientes de la economía pública. Y es el corazón del PSOE. Los socialistas piensan aprovechar al máximo esa inesperada derrota que sabe a victoria: “Tenemos la impresión de que se ha terminado la sensación de excepcionalidad con la que gobernaba el PP. Parecía que siempre podrían recurrir a las facturas pendientes del Gobierno de Zapatero. Ahora saben que los ciudadanos pueden castigarles”, señala un dirigente.

Tanto el Ejecutivo como el PP asumen que los 430.000 votos que los populares han perdido desde las generales hasta las andaluzas se deben sobre todo a las medidas del Gobierno. “Una parte del voto de las pasadas generales era voto prestado para echar al PSOE y sobre todo anti-Zapatero, y está claro que con los primeros 100 días de Gobierno lo hemos perdido, probablemente para siempre”, resume un barón autonómico.

Incluso algunos admiten que ha habido errores en la campaña andaluza. “Tenía que haber sido mucho más local. Lo que no tiene sentido es que la foto de la campaña sea Arenas rodeado de Cristóbal Montoro, el ministro de la subida de impuestos, y Fátima Báñez, la de la reforma laboral”, sentencia otro.

Sin embargo, en el Ejecutivo están convencidos de que el Gobierno andaluz no va a tener tanto margen como creen los socialistas. “Andalucía tendrá que recortar como todas las demás y cerrar empresas públicas y despedir a gente. Pero no solo porque se lo pidamos nosotros o Bruselas. Es que si no lo hace, va a tener enormes problemas con los bancos para refinanciar su deuda. Y sin refinanciación no puedes pagar a nadie, ni hacer política social. Además, en último extremo, nosotros podremos intervenirla con la nueva ley de estabilidad”, señala un miembro del Ejecutivo. En el Gobierno están convencidos además de que la presencia de IU será un problema grave para el PSOE que también le desgastará.

En cualquier caso, la principal preocupación del Gobierno sigue estando en el déficit y en los mercados. Rajoy sabe que ahora tiene que ser incluso más duro que antes del fracaso en Andalucía para ganar credibilidad en Europa. Varios miembros del Ejecutivo aseguran que los Presupuestos van a ser brutales, y no son más que el principio. Porque después llegará la presión a las autonomías y los cambios de leyes básicas para permitirles que reformen, esto es, reduzcan, los principales servicios básicos. Y más tarde también habrá privatizaciones, y destrucción de empleo público. Esto es, tras las andaluzas, lejos de suavizar, Rajoy apretará el acelerador.

“No hay margen para frenar nada. Si no cumplimos el objetivo, el riesgo de intervención de España es real, y eso sí que supondría recortes descomunales. Ahí ya no valen huelgas ni nada, porque ya no manda el Gobierno, mandan los técnicos de Bruselas y esos no se presentan a elecciones”, señala un miembro del Ejecutivo.

Otro admite que en Bruselas estaban bastante preocupados por el resultado de las andaluzas, y seguramente ahora lo estarán más.

Allí nunca gustó la táctica de Rajoy de esconder los Presupuestos hasta las elecciones. Se consideraba una maniobra política desleal. Ahora, los resultados se interpretan desde la capital de Europa como un revés a esa estrategia del Gobierno español, muy señalado últimamente por la Comisión Europea y sus socios por su desafío sobre las metas del déficit, muy presionado por los mercados ante el negro panorama económico y del sector financiero y, ahora, con un primer jirón en el amplísimo apoyo que cosecha el PP en la política nacional, regional y local española.

Los resultados en Andalucía, una comunidad con una población similar a la de países como Austria o Suecia, añaden una pizca de incertidumbre a las noticias que llegan desde España. “La sorpresa en Andalucía es evidente. Se daba por hecho un Gobierno del PP, que dejaba prácticamente toda la España regional en manos de Rajoy. El control político en todas las Administraciones sigue siendo casi absoluto, pero Andalucía deja claro que el apoyo político interno a recortes de gastos más profundos simplemente no existe en la actualidad. Y esta misma semana hay huelga general y Presupuestos”, asegura una fuente diplomática.

“El canciller Schröder tuvo un problema similar en 2002: no podía controlar realmente los länder. Hoy las circunstancias son otras, especialmente después de la experiencia con Berlusconi, que se especializó en dar marcha atrás en algunos acuerdos: los socios europeos tienen eso muy fresco en la memoria, y eso no favorece a España”, señala Daniel Gros, director del think tank CEPS.

Por si todos estos problemas fueran pocos, el Ejecutivo tiene ahora otra inquietud: la deriva independentista en Cataluña. El Gobierno quiere contar con CiU como socio preferente, porque le da más credibilidad y porque con ella, si Andalucía no les hubiera fallado, tenía el control prácticamente de toda España. Pero ahora el PP catalán está presionando a Rajoy para que vea que la deriva de la Convergència de Artur Mas va muy en serio. El choque de trenes, dicen, llegará en octubre, cuando el presidente catalán dé un ultimátum sobre el llamado pacto fiscal. Rajoy no tiene el dinero que Mas le pide, y con él la mayoría de los catalanes.

La hoja de ruta de Rajoy, por tanto, está completamente descarrillada. Cuenta con una mayoría absoluta sólida para recuperar las riendas, pero ya nadie niega que el panorama político se le complica cada vez más.

miércoles, 28 de marzo de 2012

ASÍ SE TEJEN LOS LAZOS DEL PODER

No es de extrañar que muchos de los políticos que acostumbramos a ver en los medios de comunicación y algunos de sus familiares, terminen en los consejos de administración o en altos cargos de grandes compañías. ¿Cómo puede ser que esto suceda? lean, lean.

El yugo de la tarifa eléctrica

Durante dos legislaturas, el Gobierno ha renunciado a reformar la delirante regulación que determina los precios en el mercado eléctrico; la consecuencia es un encarecimiento desmedido del precio de la luz.

Jesús Mota 7 ABR 2011 El País.com

La capacidad de gestión de un Gobierno se mide por la rapidez con que identifica los problemas reales de un sistema económico y la presteza en resolverlos. La última subida de las tarifas eléctricas (9,8%), aplicada desde enero de 2011 como respuesta a la subida del precio de la electricidad en la llamada subasta CESUR (la subasta de Compra de Energía para el Suministro de Último Recurso, tótem inapelable que determina cuánto pagan los comercializadores por la electricidad y, en consecuencia, los ciudadanos de a pie) expone ante los consumidores la incapacidad del Ministerio de Industria para identificar las contradicciones de la regulación eléctrica y la indecisión de los servidores públicos para poner fin a un sistema de fijación de tarifas escandalosamente inclinado hacia los ingresos de las compañías eléctricas. Si el equipo energético de Industria hubiera mostrado una capacidad mínima de respuesta ante la presión de las empresas (las que acampan en el lobby tradicional, como Endesa o Iberdrola, pioneras en prácticas de garduña como los planes de pensiones que garantizan el caviar a la familia hasta la quinta generación, o los nuevos grupos de presión de las renovables), hubiera aceptado el encarecimiento del recibo eléctrico, desde luego, porque el procedimiento legal así lo exige y conviene respetar el principio de que los precios deben reflejar todos los costes; pero en el mismo momento de tan dolorosa aceptación (obligada por principios, podría decirse), tendría que haber anunciado su voluntad de desmontar el sistema actual de cálculo de las tarifas y sustituirlo por otro que refleje mejor la evolución de los precios de las materias primas energéticas en los mercados internacionales.

El sistema que regula las subidas del recibo de la electricidad en España incluye como pieza fundamental la mencionada subasta CESUR, que en resumen no es sino una convención de empresas que juegan a subirse los precios durante las fechas y plazos prefijados para calcular el precio final. No se trata de una subasta de verdad, una a la que acuden productores por una parte y compradores por otra, sino que las propias empresas y sus filiales compran, venden y encharcan los precios hasta modular a conveniencia las subidas. Algo parecido a la ruleta de la fortuna en el Far West que el mañoso crupier frenaba o aceleraba mediante un mecanismo pedestre para desplumar a los incautos. Esta subasta de marras es un producto tardío del sucedáneo de mercado eléctrico o rastrillo del kilovatio, ese cacharro manipulable que dejó en herencia el PP tras dos legislaturas de pingües concesiones a las eléctricas y que el PSOE ha sido incapaz de desmontar en dos legislaturas. Las promesas de liberalización han resonado durante dos lustros sin que se haya podido conseguir algo tan simple como la separación de la propiedad entre generación y comercialización, la condición cardinal, sobre la que debería pivotar cualquier hálito de liberalización.

Desde 1998 la única tarea de las empresas reguladas ha sido acumular derechos reconocidos de retribución (cuyas consecuencias se conocen como déficit de tarifa) y hostigar a la Administración (Industria, Hacienda, Economía) para que se titulicen esos derechos al precio que sea, con la seguridad de que los sobrecostes y gabelas financieras caerán como un rayo sobre los bolsillos de los consumidores. El truco para esculpir tales derechos en el recibo de la luz se esconde detrás de la confusión entre costes reconocidos (montados sobre una ficción de precio de mercado, es decir, del mencionado rastrillo y de la campanuda subasta CESUR) y costes realmente incurridos. Las compañías eléctricas tienen en su mano elevar los costes o precios reconocidos. Pero lo que debería contar son los costes realmente incurridos, desconocidos por la opinión pública y (es de temer) por el Gobierno. Por esa razón la trivial proclama del consejero delegado de Endesa, Borja Prado, pronunciada con enfática seriedad, de que el Gobierno tiene que subir los precios de la electricidad para acabar con el déficit de tarifa, se merece como respuesta que la mejor manera de acabar con el déficit es que las empresas dejen de fabricarse e inflarse derechos reconocidos utilizando las grietas de la regulación. O que el Gobierno se lo impida, algo de lo que, al parecer, es incapaz. De la misma manera, la petición de que los precios de la electricidad sean liberalizados que repite el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez, merece una precisión: ¿esa liberalización debe hacerse antes o después de que el agua que utiliza Iberdrola para producir la electricidad sea pagada por la compañía a precio de subasta pública, en beneficio de los españoles que son propietarios del recurso, y no en régimen de concesión benéfica de la Administración a la empresa, como hasta ahora? Si no saben comprar, vender ni competir, ¿cómo piden liberalización?

Unos sencillos cálculos demostrarán además que el déficit de tarifa, esa inflación de derechos reconocidos que se aproxima ya a los 20.000 millones de euros, es un tigre de papel si el Gobierno actúa en función de los intereses de los consumidores y no, como hasta ahora, capturado por la neurosis de proteger la cotización de las empresas. Veamos qué sucede con las centrales nucleares. Sus costes de operación y mantenimiento declarados por el Foro Nuclear se situaron en 2010 en torno a los 20 euros por megavatio/hora (Mwh). Pero el precio final que ha recibido la producción nuclear, como consecuencia de que la electricidad se retribuye al precio marginal (en este caso, el precio de los ciclos combinados) fue de 42,13 euros Mwh; la diferencia, 22,13 euros, multiplicados por 67.787,7 gigavatios/hora (Gwh) producidos el año pasado arroja un beneficio espurio (windfall benefit) o indebido de 1.367,4 millones. Un cálculo similar ejecutado con la producción hidroeléctrica demostraría que los costes variables realmente incurridos apenas llegan a los 9 euros Mwh; descontados de los 42,13 euros Mwh retribuidos y multiplicada la diferencia por la producción de 38.738,5 Gwh, el windfall benefit durante el año pasado llegaría a los 1.283,4 millones. En resumen, en los costes de tarifa correspondientes a la producción hidráulica y nuclear se ha incluido un exceso de 2.650,8 millones en costes reconocidos sobre los realmente incurridos. Si se retira de los ingresos de las compañías esa cantidad percibida indebidamente, los consumidores no hubieran tenido que pagar una subida de tarifas del 10%.

Este es un ejemplo de lo que le cuesta al ciudadano el mantenimiento de una regulación perversa que debería haberse dinamitado en 2004. Por no mencionar el caos de las concesiones autonómicas de plantas eólicas, fotovoltaicas o solares, cuya desordenada aplicación en el sistema ha desplazado a los ciclos combinados sin que los consumidores tengan la electricidad más barata y perjudica la recuperación financiera de las plantas, calculada sobre una producción anual de 6.000 horas, cuando en realidad solo operaron el año pasado durante algo menos de 3.000 horas.

La responsabilidad política del desorden energético post PP (que fue quien lo creó) tiene nombres. En vanguardia, José Montilla, Joan Clos y Miguel Sebastián, ministros del ramo, sin interés, sin capacidad o sin poder político para reformar el mercado eléctrico. En cuanto a los secretarios de la Energía, figuran como réplicas de los morlocks de Wells (en particular Pedro Marín y Fabrizio Hernández), puesto que ni salieron ni salen a la luz pública para explicar la política energética, si es que existe. La Comisión Nacional de la Energía (CNE), amueblada con un Consejo sin capacidad política y huérfanos los más de sus consejeros de la debida cualificación económica o técnica, también ha cultivado el dolce far niente de que tocar la regulación es fatigoso (sobre todo cuando no se sabe cómo hacerlo) y genera enemistades entre los regulados, más agresivos en España que los reguladores.

Estaba en manos de los Gobiernos de Zapatero reformar la regulación eléctrica, liquidar el déficit de tarifa y drenar esos beneficios indebidos en la producción nuclear e hidroeléctrica para entregarlos en la Hacienda pública o evitar el encarecimiento de la luz, que todo viene a ser lo mismo. Si el PP llega a gobernar en marzo de 2012, bastará con que imponga una tasa de 2.500 millones a la producción hidroeléctrica y a la nuclear para superar la gestión del PSOE. El Ministerio de Industria, que debería haberse planteado como un Ministerio de Energía, parece hoy una sombra indecisa y claudicante. Presenta una patología sin precedentes de ridículo administrativo durante dos legislaturas.

domingo, 18 de marzo de 2012

ES NECESARIO UN NUEVO CONTRATO SOCIAL

Ni que decir tiene que la desigualdad está creciendo y que es una de las principales lacras de las sociedades actuales.

La crisis está poniendo de manifiesto día tras día los excesos cometidos por una élite económica, acompañada de sus acólitos políticos que forman el tándem de la corrupción. El expolio continuo de los recursos públicos, es decir, el transvase permanente de los recursos comunes hacia las repletas arcas de unos pocos, continua imperturbable.

El peso de de las reformas y de los recortes descansa en las espaldas del ciudadano de a pie mientras que se siguen amasando fortunas y el consumo de los productos de lujo llega en plena crisis a un crecimiento de dos dígitos. No obstante, la conclusión es que la sanidad y la educación son los lastres de la economía y que nos conviene a todos reducirlos a la mínima expresión para superar estos difíciles momentos.

Detrás de todo subyace la privatización de estos dos sectores para generar pingües beneficios a quienes lideran estos sectores en el lado privado, mientras el ciudadano paga al menos dos veces por el mismo servicio. Todo ello pensado por los que manejan los recursos económicos y convenientemente explicado por los políticos de turno.

En el fondo debemos responder a la pregunta de si deseamos una sociedad excluyente en la que cada vez hay sitio para menos personas o una que sume y en la que haya sitio para todos. Las élites ya han contestado a esa pregunta y no están dispuestos a compartir los beneficios. Ahora falta que la ciudadanía reflexione y decida.

Les recomiendo la lectura del siguiente artículo publicado en el elmundo.es y del libro "El fin del trabajo" de Jeremy Rifkin.

Wilkinson: "La democracia no ha llegado aún a la economía"
  • Defiende que las sociedades menos igualitarias son también menos saludables.
  • Los recortes castigan a los menos favorecidos y las élites se protegen.
Carlos Fresneda (Corresponsal) | Londres
sábado 17/03/2012 12:03 horas


Libertad, Igualdad, Fraternidad... La vieja trilogía no ha llegado aún al reino inexpugnable de las finanzas. Así se explica, por ejemplo, que un directivo gane 300 veces más que sus empleados. O que un banquero cobre 19 millones de euros al año en plena crisis. O que la nueva generación de trabajadores no llegue siquiera a los 1.000 euros al mes.

Ése es el mensaje 'revolucionario' con el que llega estos días a España Richard Wilkinson, coautor junto a Kate Pickett del libro que ha sacudido las conciencias de los políticos en Gran Bretaña: 'Desigualdad: un análisis de la (in)felicidad colectiva'.

"La democracia no ha llegado aún a la economía", sostiene Wilkinson. "La escala de la desigualdad económica que existe hoy en día no es una expresión de la libertad, sino más bien su negación. No podemos permitir que el sistema financiero lo manejen a su antojo unas elites, de espaldas a la población y al bien común".

Habla Wilkinson de los asuntos económicos (el 22 de marzo lo hará en la Fundación Sistema) con una profundidad de campo que va mucho más allá del frío análisis de los números. "No soy economista", advierte. "Mi especialidad es la epidemiología social: me dedico a investigar la salud y la enfermedad en las poblaciones".

El origen de todos los males

Por esa vía, el coautor de 'The Spirit Level' (título original en inglés) ha llegado al convencimiento de que la desigualdad es "la raíz profunda de casi todos los grandes males que aquejan a nuestra sociedad". Las sociedades menos igualitarias son también menos saludables, tienen una menor esperanza de vida, unos mayores niveles de violencia, de adicción, de gente en la cárcel, de embarazos entre adolescentes...

Singapur, Estados Unidos, Gran Bretaña y Portugal encabezan el ranking de las sociedades menos igualitarias entre los 24 países 'ricos' analizados por Wilkinson. Japón, Finlandia, Noruega y Suecia están sin embargo en el otro extremo, con un reparto más equitativo de la riqueza. España hace el número 10, justo en medio, casi a la misma altura que Francia y Canadá.

La crisis, sin embargo, está ensanchando preocupantemente la brecha entre los que tienen y los que no tienen en nuestro país... "Cuando la economía sufre, los problemas se acumulan en el fondo de la población", advierte Wilkinson. Los recortes sociales castigan a los menos favorecidos y las elites se protegen para mantener su estatus, porque de eso se trata.

"La desigualdad se alimenta de esta sociedad consumista en la que vivimos, que a veces parece una competición constante por el estatus social. La desigualdad amplifica los prejuicios de clase, nos hace sentirnos superiores o inferiores. Se trata al fin y al cabo de una fuerza más corrosiva que divide a la sociedad desde dentro".

El germen de una "democracia económica"

Al frente del Equality Trust, Wilkinson abandera ahora el movimiento del "nuevo igualitarismo" en Gran Bretaña, donde los 'bonus' multimillonarios de los banqueros se han convertido en el titular de cada día. Después de tres décadas marcadas por 'la ideología neoliberal', el autor de 'Desigualdad' asegura que el péndulo vuelve a oscilar hacia el lado de los que defienden una mayor justicia social. El movimiento 'Occupy', sostiene, no es más que la primera manifestación del clamor por una auténtica "democracia económica".

En el Reino Unido, sin ir más lejos, funcionan ya en seis grandes ciudades las Comisiones de Equidad ('Fairness Commissions'), que elevan recomendaciones a los Gobiernos locales para reducir la desigualdad económica. En Londres, la campaña por el 'living wage' (salario mínimo vital) insta a las empresas a que eleven hasta un 35% el listón del salario mínimo interprofesional y a que reduzcan la 'brecha' de la riqueza entre sus propios trabajadores.

"La economía tiene que hacerse más participativa, y ustedes en España han marcado la senda con el movimiento cooperativo en Mondragón", añade Wilkinson. "Los trabajadores deben tener más acceso a la propiedad y a la toma de decisiones en las empresas. Tenemos que experimentar con nuevos modelos que nos impliquen a todos. No podemos delegar en una elite que mira sólo por sus propios intereses y que nos ha llevado a esta situación".

Información y educación

Wilkinson pone sobre la mesa el estudio del economista Robert Wade, que ha demostrado que en los años anteriores a la debacle de 2008 hubo una "transferencia" de riqueza de 1,5 billones de dólares anuales del 90% al 10% de la población más rica en Estados Unidos... "Es increíble que algo así pueda ocurrir en una democracia, ¿no le parece? Y es increíble que hayamos tenido que esperar a la debacle para enterarnos. Está claro que necesitamos más información y más educación para entender la magnitud del problema".

A Wilkinson y a Pickett les han llovido críticas por esa otra "verdad incómoda" de la que pocos hablaban antes de 2008. Les acusan de seleccionar aleatoriamente los datos, de adaptarlos al servicio de una "agenda" política, de no desmostrar la relación causa-efecto... Los autores se remiten a las estadísticas y responden alegando que los ataques provienen sobre todo de los 'think tanks' de la derecha, usando la misma estrategia que siguieron contra el cambio climático. O sea, sembrando la confusión y la duda.

"Pero cuando a la gente le das a elegir, se inclina instintivamente por la igualdad", concluye Wilkinson, que recuerda los resultados de una reveladora encuesta al otro lado del Atlántico... "A los norteamericanos se le dio a escoger entre dos países. En uno de ellos, el 20% de la población acumula el 84% de la riqueza. En el otro, el 20% tiene el 32% del total. Al final, más del 90% mostró su preferencia por el segundo país, sin saber que estaban eligiendo Suecia antes que Estados Unidos".

lunes, 12 de marzo de 2012

PREFERENTES; JAQUE MATE AL PEQUEÑO INVERSOR

El siguiente artículo publicado en finanzas.com no tiene comentario. En sí mismo es un ejemplo de la praxis de algunas entidades financieras y de la complacencia de las instituciones, menos mal que estas últimas están para velar por la aplicación de las buenas practicas y defender al inversor.

Entre tanto los afectados ya suman el millón de pequeños inversores que tendrán que pasar por el calvario de intentar defender sus intereses, para terminar perdiendo su dinero o mantenerlo cautivo para el lucro de las entidades financieras. Bienvenido a la España del Lazarillo.


¿Desconocían el Banco de España y la CNMV los problemas de las preferentes?

Las dos grandes instituciones españolas que controlan los mercados financieros sabían muy bien de los riesgos de las participaciones preferentes y de los problemas de su comercialización masiva.

12/03/2012 - 16:35- RAFAEL RUBIO

Al todavía presidente de Bancaja José Luís Olivas, le pregunté a finales del 2009 si las participaciones preferentes le parecían adecuadas para su clientela más fiel y conservadora. Se sintió sorprendido por la pregunta y, como era de esperar, señaló que las participaciones preferentes eran un magnífico producto que interesaban a toda su clientela. ¿Desconocía, de verdad, las características del producto o pretendía vender lo invendible? A la vista de la actitud mantenida más recientemente por Olivas en su enfrentamiento con Rodrigo Rato no me atrevo a dar una respuesta. ¿Ignorancia? ¿Engaño?

De lo que no cabe duda alguna es de que
las dos grandes instituciones españolas que controlan los mercados financieros, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España, sabían muy bien de los riesgos de las participaciones preferentes y los problemas que podría generar su comercialización masiva entre los ahorradores domésticos. Sin embargo su actitud fue muy distinta.

La CNMV a través de su
Oficina de Atención al Inversor elaboró un folleto sobre participaciones preferentes con el que se trataba de advertir a los pequeños ahorradores de los riesgos de este producto. Realmente, el folleto no podía ser más claro: “Tienen carácter perpetuo y su rentabilidad, generalmente de carácter variable, no está garantizada...Se trata de un instrumento complejo y de riesgo elevado que puede generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido...” Por desgracia estos folletos (Fichas del Inversor), escritas en un lenguaje muy comprensible no llegan a todos los ahorradores e inversores.

La CNMV, además, obligó a algunas entidades a que incluyeran en su folleto de comercialización de preferentes y subordinadas advertencias del tipo:
“La remuneración efectiva de esta emisión podría resultar inferior a la ofertada por otros productos semejantes”. El problema es que tal advertencia no fue leída por la gran mayoría los ahorradores que suscribieron preferentes y subordinadas porque, a casi todos, se les hacía firmar al mismo tiempo al menos tres documentos: documento de reserva de inversión, contrato de compra, documento de Mifid... sin darle tiempo para leer ninguno de ellos.

El Banco de España fue siempre muy consciente de la necesidad que tenían las entidades financieras de captar capital.
Y fue muy práctico en su convencimiento de que el dinero que no captaran entre el ahorro doméstico, era muy posible que tuviera que aportarlo el sector público. Ante esa situación, el Banco de España prefirió mirar para otro lado. Al fin y al cabo el Banco de España no ha ocultado nunca que su gran preocupación es velar por la solvencia y la solidez de las entidades financieras y del sector financiero en general. Los instrumentos que cada entidad utilice para lograr dicha solvencia pertenecen a otro ámbito de preocupación.